El extraño caso de la fusión entre Cablevisión y Multicanal.

El apriete del monopolio a la Justicia Argentina que nadie comenta

El 11 de marzo de 2004 John Malone, ejecutivo de Liberty Media comunicaba a los mercados que se desprendía de sus acciones que le daban el control de Cablevisión. En mayo de 2004, CABLEVISIÓN inicia su Acuerdo Preventivo Extrajudicial (en adelante “APE”) para renegociar una deuda cercana a los 800 millones de dólares. En esa oportunidad, incumpliendo exigencias legales, Cablevisión no denuncia al juez que la controlante Liberty Media LLC -una empresa especializada en medios- se había desprendido de su paquete accionario para transferirlo a un hedge fund Fintech Advisory Inc, controlado por David Martínez, un ciudadano mexicano nacionalizado Inglés. Tanto David Martínez como el presidente de Fintech Advisory Inc. Julio Herrera, reconocieron ante los tribunales que adquirieron el control accionario de Cablevisión.

Fintech Advisory Inc. es una sociedad constituída en Delaware (EEUU), quien controla en un 100% a Fintech Cable Ltd (Islas Vírgenes Británicas) y es gerente de inversión de Fimex Internacional Ltd (Islas Vírgenes Británicas). A su vez, Fintech Advisory Inc. controla en un 100% a Fintech Media LLC (Delaware), que compró el 50% del paquete accionario de Cablevisión al adquirir las acciones de VLG Acquisition LLC (luego denominada VLG Argentina). Delaware es un pequeño estado dentro de Washington que no es otra cosa que un paraíso fiscal. El 50% de Cablevisión corresponde a un fondo buitre de un paraíso fiscal.

El Grupo Fintech – quien ya había adquirido una parte accionaria de Cablevisión – se fusionó con el Grupo Clarín, transgrediendo así la Ley de Defensa de la Competencia, resultando ser una fusión monopólica. Una operación que estaba prohibida por la ley 25750 de Protección de Bienes y Patrimonio Culturales. Ley que el propio grupo Clarín impulsó para evitar su quiebra. Dicha ley en su articulo 2º establece, que la propiedad de los medios de comunicación, deberá ser de empresas nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 30%.

En todos los países avanzados está estrictamente regulada la posibilidad de ser titular de un medio dé comunicación por su incidencia para la formación o destrucción del consenso en la democracia. Se trata de leyes de orden público dirigidas a proteger servicios estratégicos para el interés de la Nación y de la sociedad, y su violación trae aparejada la nulidad absoluta, no convalidable, de los actos que la transgredan. Esto es así porque está en juego la soberanía del país en el orden económico y social. Los hedge fund se especializan en la timba financiera. Los líderes mundiales los designan como uno de los principales factores que provocaron la crisis global de las finanzas; junto con la desregulación ofrecida por los paraísos fiscales. Un cóctel letal, porque estos fondos constituidos en paraísos fiscales no actúan con pocos controles, sino que esas jurisdicciones ofrecen cero controles.

En realidad, Cablevisión admite ante el juez que no tiene esas mayorías y el proceso sigue como si nada. Luego miente a la Bolsa sobre la existencia de mayorías para el APE.  Esto es un delito penal porque la información falsa distorsiona el precio de los títulos en el mercado. Es decir, el deudor- controlante votó su propia propuesta, imponiendo quitas y esperas a los acreedores. Algo que vicia de nulidad el concordato, porque fue votado por personal que se hallaban en conflicto de intereses. La ley de concursos prohibe el voto del controlante. La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convalidó el acto diciendo que la ley no se refiere al “controlante indirecto”. Una interpretación abusiva de la ley para justificar una flagrante ilicitud.

Fintech Advisory Inc. ocultó la operación de compraventa del control de Cablevisión al juzgado del APE, al COMFER, a la Comisión Nacional de Valores y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hasta obtener el “acuerdo preventivo”. Lo obtuvo mediante un proceso del APE ilegal, dando información falsa al mercado de valores. Un secuestro ordenado por el juez Bonadío permitió obtener los borradores y los contratos celebrados entre Liberty, Fintech LLC y Grupo Clarín, del cual surge que, una vez “obtenido” el APE, Clarín asumiría el control de la empresa para convalidar la ilícita actuación de Fintech y mantener la licencia. Pero no es posible en nuestro derecho convalidar actos viciados de nulidad absoluta. De modo que la autorización otorgada a la fusión Multicana! – Cablevisión por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no causa estado, dado que el dictamen de la fiscalía general no había sido notificado a ese organismo. No es posible en nuestro derecho que quien actúa en fraude a la ley de Radiodifusión, a la ley de Protección de Bienes y Patrimonio Cultura!, a las NORMAS que regulan el mercado de valores y a la Ley de Concursos puedan obtener de la justicia la homologación de un concordato que mutile los derechos de los acreedores y permita una concentración societaria que excede los parámetros de la ley antimonopolio.

Esta fusión fue posible gracias a las maniobras de timba financiera del Grupo Fintech, que constituyen una competencia desleal para el resto de los operadores, además de constituir delitos dolosos contra los pequeños inversionistas que compraron obligaciones negociables de Cablevisión en el mercado de valores.

Cuando el gobierno acuerda con los monopolios

No obstante hay que recordar cual fue el papel del secretario de comercio interior Guillermo Moreno quien dicto la resolución N° 70/08 que puso a los empleados de Clarín,  Humberto Guardia Mendoza y Diego Povolo en el control total de Defensa de la Competencia. Con esta resolución Moreno le quitó poder a José “Pepe” Sbattella (quien estaba al frente de la CNDC hasta que lo renunciaron). Los nombró vicepresidentes, y a uno le dio el manejo del presupuesto de la Comisión y al otro el Técnico, es decir el que hace la parte ideológica de los dictámenes. Ambas atribuciones estaban en manos del Presidente de la CNDC. Por otra parte, estos dos personajes son los que sacaron en su momento el dictamen a favor de la fusión Multicanal y Cablevisión que predominó sobre el que sacó Sbattella, oponiéndose.

La Fiscal Investigada

La Fiscalía – mediante la Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó – se opuso al acto dado que deviene ilegal abrir un trámite de APE, careciendo de las mayorías exigidas al momento de su presentación, de esta manera se obstruye el derecho constitucional de acceso a la jurisdicción de los acreedores ya que la presentación de un APE produce la suspensión de las acciones de contenido patrimonial contra el deudor (art. 72, Ley Concurso de Quiebras). Pocos días antes de que la Fiscalía interviniente opinara que no correspondía homologar el APE de Cablevisión – por la ilegalidad antes manifestada – y los cuarenta días subsiguientes, la Fiscal General comenzó a ser notificada de la existencia de seis pedidos de enjuiciamiento promovidos por abogados del concurso preventivo de Sociedad Comercial del Plata SA, por Cablevisión y por el apoderado de la firma Fintech, Damián Furgio. Hasta entonces, la funcionaria no había sido pasible de ese tipo de denuncias. Los mismos pretenden cuestionar actos realizados por la Fiscal en cumplimiento de su mandato constitucional y en defensa del interés general. Todos los pedidos de enjuiciamiento fueron suspendidos a la espera de un pronunciamiento por parte de los órganos jurisdiccionales. Luego se sumó la querella promovida por Cablevisión, quien acusó a la funcionaria diciendo que el dictamen impugnando la homologación del APE no es de su autoría y, para probar su acusación, trajo un peritaje semiológico realizado por Eliseo Verón, quien fue director del master en periodismo del Grupo Clarín en la Universidad San Andrés. A ello, se sumó en perjuicio de la fiscal la conducción arbitraria de la investigación, dado que el juez penal rechazó la prueba ofrecida por la fiscal imputada, para que el perito oficial cotejara decenas de dictámenes donde se repiten, e incluso textualmente, los argumentos utilizados por la fiscal general en el dictamen de Cablevisión. El juez ordenó el desglose de esa documentación invocada. El perito oficial designado por este juez, Oscar Traversa, es colega y amigo personal de vieja data de Eliseo Verón, por lo que no es difícil prever el resultado de este peritaje.

En este contexto, el progreso de los pedidos de enjuiciamientos promovidos contra la fiscal a la espera de un pronunciamiento jurisdiccional ha resultado beneficiado con el dictado de dos sentencias, las que no se limitan a juzgar el caso controvertido sino más bien que incurren en reiteradas agresiones y descalificaciones contra la funcionaria imputada, con abuso de la jurisdicción al atribuirse el rol de juzgar a un magistrado del Ministerio Público Fiscal. Estas sentencias dotan de antecedentes a los interesados en avanzar en el proceso de destitución iniciado contra la Fiscal General, lo que se traduce en un escándalo ejemplificador para el resto de la magistratura, que ya ha tomado estado público.

El planteo de Gils Carbó tuvo un fallo favorable en primera instancia, en el Juzgado Comercial 11, Secretaría 22. Después, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial tomó la decisión contraria, homologando el APE. La fiscal no se desanimó y apeló la decisión de cámara ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy el caso esta en decisión del máximo tribunal, según como sea el resultado veremos quien manda en nuestra nación y cuanto dicen de esto aquellas y aquellos dirigentes políticos que se rasgan las vestiduras hablando de la calidad institucional en nuestro país.


Publicado en el Periódico Patria Grande N°32 – Movimiento Libres del Sur

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